Contratistas de prestación de servicios tienen derecho a estabilidad laboral reforzada

 

 

El Ministerio de Trabajo a través del Concepto 106368 de 2016, reafirmó que los contratistas cuentan con el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, cuando los mismos, se encuentran en una situación de discapacidad o debilidad manifiesta, derivada de una enfermedad laboral moderada, severa o profunda, así no medie la calificación de pérdida de capacidad laboral, de conformidad al artículo 26 de la Ley 361 de 1996.

 

Destaca el Ministerio de Trabajo, que han sido varios fallos de la Corte Constitucional los que han analizado el tema. Entre ellos cita y destaca los siguientes:

 

a) La sentencia T-521 de 2016, indicó que “(iv) La estabilidad laboral reforzada se aplica frente a cualquier modalidad de contrato y con independencia del origen de la enfermedad, discapacidad o estado de debilidad manifiesta del accionante” (Negrilla fuera del texto).

 

“50.4. Esta Corporación ha considerado que la garantía de estabilidad es aplicable frente a cualquier modalidad de contrato y con independencia de si el origen de la enfermedad del trabajador es laboral o común”. (Negrilla fuera del texto).

 

b) La sentencia T-765 de 2015 aclaró “que este tipo de estabilidad también se predica de los contratos de trabajo a término fijo y por labor u obra contratada, siempre que se cumplan las exigencias que han sido estructuradas por esta Corporación en los siguientes términos “(…) el vencimiento del plazo pactado o la culminación de la obra, no resulta suficiente para legitimar la determinación de un empleador de no renovar esa clase de contratos o darlos por terminado cuando: (i) subsiste la materia del trabajo, las causas que lo originaron o la necesidad del empleador; (ii) el trabajador ha cumplido efectivamente sus obligaciones contractuales; y (iii) se trate de una persona en una situación de debilidad. Por ello, el trabajador que goza de estabilidad laboral reforzada, no puede ser desvinculado sin que exista una razón objetiva para terminar el vínculo laboral y medie la autorización de la oficina del trabajo, que respalde dicha decisión”. (Negrilla fuera del texto).

 

c) La sentencia SU-049 de 2017, unificó la jurisprudencia en materia de derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en situación de discapacidad física, sensorial y psíquica, haciendo aplicable dicha estabilidad, a través del concepto de estabilidad ocupacional reforzada, dirigida de forma exclusiva a las personas contratadas por prestación de servicios. Dentro de dicho fallo, se precisó lo siguiente:

 

En primer lugar, la Ley 361 de 1997 se aplica a todas las personas que se encuentran en situación de discapacidad, “sin entrar a determinar ni el tipo de limitación que se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación”. Así mismo, “una vez las personas contraen una enfermedad, o presentan por cualquier causa (accidente de trabajo o común) una afectación médica de sus funciones, que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, se ha constatado de manera objetiva que experimentan una situación constitucional de debilidad manifiesta, y se exponen a la discriminación”.

 

En segundo lugar, “esta protección, por lo demás, no aplica únicamente a las relaciones laborales de carácter dependiente, sino que se extiende a los contratos de prestación de servicios independientes propiamente dichos”.

 

Para finalizar, “(…) El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. La estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones laborales (subordinadas) en la realidad. La violación a la estabilidad ocupacional reforzada debe dar lugar a una indemnización de 180 días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado conforme a la Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual de prestación de servicios, cuyo contratista sea una persona que no tenga calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda”.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir entonces, que la estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a los contratos de prestación de servicios, evitando que el contratista se enfrente a cualquier tipo de desigualdad o debilidad, frente a otros trabajadores o contratistas, en razón a su situación de discapacidad o enfermedad ya sea de origen laboral o común, cuando los mismos no cuentan con las mismas condiciones físicas y/o psíquicas para el desarrollo de las funciones o tareas para las que han sido contratados.

 

Por ende, para poder dar por terminado el contrato de  prestación de servicios, el contratante deberá solicitar la autorización previa del Ministerio del Trabajo, puesto que de no mediar dicha autorización, se entenderá entonces, que la terminación del contrato es ineficaz, dando lugar al reintegro del contratista, o a la renovación del contrato, así como el pago de una indemnización de 180 días de remuneración salarial o sus equivalentes.

 

Derechos de autor: Este documento es propiedad de Barona Llanos Abogados Consultores SAS, se prohibe su reproducción total o parcial.

 

 

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