¿Quién deber reconocer y pagar las incapacidades originadas por enfermedad común que superan los 180 días?

September 29, 2017

 

La Corte Constitucional realizó el análisis de una Acción de Tutela[1], formulada por una persona, que al ser diagnosticada con hipotiroidismo y trastorno afectivo bipolar tipo I, no le fueron reconocidas ni pagadas sus incapacidades por enfermedad común, puesto que tanto la EPS como la Entidad Administradora de Pensiones manifestaron que no estaban obligadas al pago de las mismas, puesto que superaban más de 180 días pero no había continuidad entre estas.

 

La situación de salud de la accionante fue verificada a través de su historia clínica, la cual fue tenida en cuenta por la Corte, debido a que el diagnóstico  de la enfermedad que padece la misma es “neuropsiquiátrica controlable pero no curable”, con un pronóstico de recuperación “desfavorable” y con episodios de numerosas hospitalizaciones y varios intentos de suicidio.  

 

Para la Corte, las entidades accionadas vulneraron a la accionante sus derechos fundamentales, ya que ésta se encontraba en un estado de vulnerabilidad debido a su situación de salud, puesto que su enfermedad ha sido incapacitante, y así mismo, se probó el deterioro de sus ingresos hasta afectar su mínimo vital.

 

La Corte reitera, que existen una serie de reglas tanto legales como jurisprudenciales aplicables para que proceda el reconocimiento  y el pago de las incapacidades laborales, originadas en enfermedad común, y para ello procede a enlistarlas y explicarlas de la siguiente manera:

 

(i)  Los primeros dos días de incapacidad el empleador deberá asumir el pago del auxilio correspondiente.

 

(ii) Desde el tercer día hasta el día 180 de incapacidad, la obligación de sufragar las incapacidades se encuentra a cargo de las EPS.

 

(iii) A partir del día 180 y hasta el día 540 de incapacidad, la prestación económica corresponde, por regla general, corresponde a al fondo de pensiones (AFP), sin importar si el concepto de rehabilitación emitido por la entidad promotora de salud es favorable o desfavorable.

 

(iv) No obstante, existe una excepción a la regla anterior. Como se indicó,  el concepto de rehabilitación debe ser emitido por las entidades promotoras de salud antes del día 120 de incapacidad y debe ser enviado a la AFP antes del día 150. Si después de los 180 días iniciales las EPS no han expedido el concepto de rehabilitación, serán responsables del pago de un subsidio equivalente a la incapacidad temporal, con cargo a sus propios recursos hasta tanto sea emitido dicho concepto.

 

De este modo, es claro que la AFP debe asumir el pago de incapacidades desde el día 181 al 540, a menos que la EPS haya inobservado sus obligaciones, como se explicó previamente.

 

A juicio de la Corte, si la incapacidad supera los 540 días, “el pago de dichos subsidios deberá ser asumido por la EPS (…), en aplicación al mandato legal contenido en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015. Dicha responsabilidad se extiende hasta el momento en que la actora se encuentre en condiciones de reincorporarse a la vida laboral o hasta que se determine una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%.”

 

La Corte es enfática en aclarar que “la simple interrupción de la continuidad de los períodos en los que se prescriben certificados de incapacidad no basta para que se pueda predicar una ausencia de continuidad en las incapacidades en los siguientes términos: “En efecto, como lo han reconocido tanto esta Corporación como el Ministerio de Salud y Protección Social, las interrupciones inferiores a 30 días no rompen con la continuidad de un período de incapacidad”. (Negrilla fuera del texto).

 

 

 

[1] Sentencia T-401 del 23 de Junio de 2017. M.P. GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO.

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