Consejo de Estado declara nulidad del Decreto 2025 de 2011 sobre las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado

 

Mediante sentencia del 19 de febrero de 2018, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resuelve de acción de nulidad, en la cual se manifestaba una extralimitación en las funciones del gobierno nacional por la expedición del decreto 2025 del 2011, el cual reglamenta la ley 1429 de 2010.

 

Se sustentó la acción de nulidad en la violación de los artículos 150 y 189 de la Constitución Política, toda vez que el gobierno nacional había excedido el ejercicio de sus funciones reglamentarias violando el principio de unidad normativa dando alcances ajenos a la ley cuya función era reglamentar.

 

Para el estudio de los cargos formulados mediante la acción de nulidad, el Consejo de Estado recuerda tres puntos fundamentales; i) la existencia de una distinción clara en lo que se entiende como gobierno y lo que ha de entenderse como función administrativa, pues el primero se puede entender como el presidente, ministro o jefe de departamento administrativo, mientras que la función administrativa hace referencia a un mandato legal que implica el desarrollo de actuaciones de la administración respecto de sus administrados. ii) que el acto administrativo expedido en el ejercicio de una función administrativa, y que, como en éste caso, su naturaleza sea regulatoria, no podrá modificar, ampliar o restringir el sentido de la ley para dictar nuevas disposiciones o suprimir el contenido de las mismas, ya que esto no sería reglamentar sino legislar. Y iii) el principio de unidad de materia no implica una simplicidad temática, es decir, el espectro es más amplio, pues el acto regulatorio debe apuntar al mismo fin que tiene la ley.

 

Ahora bien, el contenido de la ley 1429 de 2010 estima la prohibición de que las actividades misionales permanentes en una entidad pública o privada sea por intermediación laboral de una  Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado, lo que en últimas establece que éstas entidades no podrán fungir como una empresa de intermediación laboral para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión, funciones que resultan propias de una  Empresa de Servicios Temporales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 50 de 1990.

 

En consecuencia, la finalidad del decreto 2025 de 2011 es reglamentar las disposiciones de la ley 1429 de 2010 para lograr una aplicación material y efectiva de la norma, para tal propósito es que el decreto en mención, reafirma la prohibición de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado respecto de las actuaciones como intermediarios laborales, materializa sanciones por 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes tanto para las entidades públicas o privadas que actúen como beneficiarios o terceros contratantes como también para las Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado que incurran en la prohibición, en lo cual, existe la posibilidad de condonación hasta del 100% del total de la multa sólo para los contratantes, siempre y cuando formalicen una relación laboral con el trabajador implicado mediante la suscripción de un contrato a término indefinido y, finalmente, establece un procedimiento a cargo del inspector de trabajo para la aplicación dichas multas o sanciones.

 

Siendo así, el Consejo de Estado recuerda que la prohibición que tienen las Cooperativas o Precooperativas de Trabajo Asociado encuentra fundamento en la protección de los derechos y garantías mínimas que gobiernan el derecho laboral, las cuales no pueden ser desconocidas toda vez que implican la órbita de la dignidad y la justicia.  

 

El Consejo de Estado, mediante el análisis de las disposiciones señaladas anteriormente, estima que la prohibición total de contratación por parte de las cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado afecta la actividad lícita o la libertad de contratación de los trabajadores asociados y, por ello, determina que el artículo 2 del decreto 2025 de 2011 extralimita el entendimiento de la ley 1429 de 2010, la cual procura evitar el uso de éste modelo corporativo como una intermediación laboral.

 

Respecto del proceso de sanción a cargo del Inspector de Trabajo, el Consejo de Estado precisa que éste no goza de funciones jurisdiccionales, sino que tiene atribuciones en función administrativa para adelantar los procedimientos y sanciones correspondientes que estén a su cargo, tal como lo es el conocimiento de las prácticas de intermediación laboral que adelanten las Cooperativas o Precooperativas de Trabajo Asociado.

 

Finalmente, de acuerdo a la condonación de la multa imponible, el consejo de Estado afirma que dicha facultad no se podía entender de las disposiciones de la ley 1429 de 2010, razón por la cual dispone su anulación al evidenciar una extralimitación de las funciones.

 

Descargar la sentencia

 

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